Con inmensa indignación nos enteramos que la Agencia Nacional de Discapacidad desarrolló una resolución, que fue publicada el último 25 de este mes en el Boletín Oficial de la República Argentina.

La misma es de total carácter retrógrado y constituye otra muestra de la brutal carencia de sensibilidad del Gobierno Nacional y representa un retroceso histórico para uno de los sectores más reprimido y olvidado, el colectivo de Personas con Discapacidad.

Si bien debemos decir que en los últimos años las Personas con Discapacidad hemos sido protagonistas de luchas y conquistas que han puesto sobre el tapete social nuestra realidad, nuestra situación frente al real cumplimiento de nuestros derechos, reivindicados por la Ley Nacional 26378, Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ascendida al rango Constitucional en 2006.

Además debemos reconocer que nuestro país adhiere al acuerdo internacional que reconoce a los Derechos de las Personas con Discapacidad, como Derechos Humanos y por tanto rige para los mismos el Principio de Progresividad, que asegura que las innovaciones legislativas deben representar siempre y en cada caso garantía de progreso para el colectivo y bajo ningún concepto pueden vulnerar los Derechos ya adquiridos.

Debemos agregar que en el comienzo del mandato del presidente Mauricio Macri los cupos de empleo en el ámbito nacional. Para las personas con discapacidad ascendía al 4,3% (el mínimo garantizado por la Ley Nac. 22431 es del 4% de las plantas contratadas en el sector), como contracara el nivel de desocupación de este colectivo escalaba por esos días al 88%, dato repudiable para una sociedad que se define como inclusiva.

Como no podía ser de otra manera, y merced a las políticas públicas desplegadas por los sucesivos gobiernos en nuestra extensa historia los datos de desempleo e inequidad al día de hoy en el sector se mantienen y para reforzar el ajuste represivo los cupos de ocupación en el empleo público nacional rondan el 1%, incumpliendo de manera brutal la legislación actual.

Es preciso mencionar que estos índices citados son oficiales y dejan al desnudo, políticas de hambre, ajuste, exclusión y desidia hacia un colectivo de alrededor de 5 millones de seres humanos, que también son ciudadanos de este país, con derecho a vivir dignamente.

En este contexto de opresión y disciplinamiento la Agencia Nacional de Discapacidad promulga una norma que desempolva el Dec. 432/97, que pone en peligro las miserables pensiones por Discapacidad, percibidas por niños, jóvenes y adultos con discapacidad, constituyendo un ataque a los derechos adquiridos y una vulneración del Principio de Progresividad, antes mencionado.

Es una salvaje muestra del saqueo ordenado por el FMI y que es desatado sobre el conjunto de nuestra clase proletaria y en particular por los sectores menos organizados y por tanto más vulnerados.

De implementarse esta resolución más de 100 mil pensiones no contributivas serán dadas de baja, condenando a la mayoría de los beneficiarios a la indigencia más clara y despiadada.

Es por lo descripto, siendo sabedores que no podemos pedir sensibilidad al más salvaje capitalismo, debemos comprometer a las fuerzas políticas, sindicales, asociaciones privadas y al conjunto de la sociedad en la exigencia de la inmediata derogación de la resolución 268/18, por constituir una medida terrorista y disciplinadora.

Debemos sumarnos de inmediato, ante este ajuste solo existen dos posiciones, la de los que nos paramos y organizamos para detener ya este ajuste y los que miran para otro lado y son cómplices de este modelo que excluye y discrimina a los sectores más postergados históricamente.

Para finalizar quiero dejar una reflexión, “todos somos Personas con Discapacidad en potencia, todos podemos tener un accidente, nacer con una discapacidad o simplemente llegar a viejos y adquirir alguna patología discapacitante, por lo tanto entendamos esta problemática con empatía y comprometamos nuestro esfuerzo para frenar este ajuste salvaje”.

Solo será posible torcer el brazo del opresor si nos comprometemos como sociedad en la construcción de un gran puño que golpee al que nos somete y defender solo la alternativa de una salida colectiva, para crear una sociedad nueva justa y equitativa que permita que todos los sectores de nuestra clase sean protagonistas dignos.

Si la lucha es hoy, el futuro es nuestro.

Por Juan José Alonso, delegado ATE seccional Punta Alta