El Concejo Deliberante aprobó un proyecto de resolución dirigido al Ministerio de Salud de la Nación y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a los efectos de que “tengan a bien reconsiderar el traspaso de los hospitales nacionales a las provincias y/o municipios”.

De acuerdo al concejal Lisandro Delle Donne (Bien Común / FR), la propuesta surgió tras el anuncio del jefe de Gabinete Guillermo Francos, el pasado 13 de octubre, confirmando que impulsarán el traspaso de los centros médicos nacionales a las gobernaciones provinciales”.

En el proyecto se consideró que “el Gobierno plantea a los gobernadores que las provincias se hagan cargo de administrar y mantener operativos los hospitales nacionales que funcionan en cada jurisdicción, sin garantizar los recursos necesarios para ello, lo que claramente es una apuesta a que las provincias se sumen al ajuste y se hagan cargo de funciones que quiere prescindir la nación”.

“Lo antes mencionado, sería una réplica de lo que pasó en los años '90 con la reforma de la Ley de Educación que transfirió todas las escuelas primarias y secundarias a las provincias también sin los recursos necesarios para ello”, se indicó.

Además, se mencionó que el Jefe de Gabinete, también deslizó que "en el caso de los hospitales que la provincia o la Ciudad de Buenos Aires no quiera aceptar la transferencia, serán privatizados".

“Esta situación se suma a las tensiones con los gobernadores por los recortes de envíos a las provincias como parte de la coparticipación federal y la discusión que propone la Casa Rosada para resolver el conflicto por el financiamiento a las universidades, que termino con el veto presidencial”, se expuso.

En la iniciativa legislativa, a su vez, se manifestó que “la transferencia de los hospitales públicos terminaría siendo meramente un desplazamiento de las responsabilidades administrativas desde el nivel nacional a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires. Y en este sentido, implicaría una mayor carga presupuestaria para las administraciones provinciales y de la Capital Federal, pero no acarrearía cambios sustantivos en cuanto a mejoras en la calidad de atención o apertura a la participación comunitaria.”

“Actualmente la cobertura de salud en nuestro país comprende básicamente cuatro grupos: el sistema público propiamente dicho a través de los hospitales y centros de salud, el sistema de obras sociales, el PAMI y las empresas de medicina prepaga”, se describió.

Otras consideraciones del proyecto aprobado:

El sistema de medicina prepago privado cubre la salud de menos de un 10% de los habitantes. El sistema de obras sociales cubre casi al 55 % de la población y se nutre, con aportes obligatorios de quienes trabajan en relación de dependencia. La cobertura aportada por este sistema es muy heterogénea. Muchos de los afiliados lo son también del sistema de medicina prepaga. Casi un 20 % de la población recibe cobertura exclusivamente del sistema público y el resto de la población recibe coberturas de salud mixta o a través de mutuales. El PAMI cubre alrededor de 5 millones de personas.

El fortalecimiento del rol del Estado Nacional en la gobernanza del sistema de salud, resulta un eje primordial de la estrategia de integración, así como el diseño de una red nacional que garantice la accesibilidad, la equidad y la calidad de las prestaciones sanitarias en todo el territorio nacional.

El Estado Nacional debe ser el articulador y orientador de las acciones de salud de los otros dos subsectores y a la vez garantizar y apoyar a las jurisdicciones locales (municipios y provincias), para el desarrollo las tareas indispensables en los diferentes niveles de atención.

Descentralizar el sistema impone repensar el modelo de atención, gestión y también de financiamiento, para poder determinar roles, responsabilidades y complementariedades de cada uno de los actores en función de una visión global y poder garantizar en forma universal el acceso a la salud de toda la población. 

Motiva la presente, la preocupación que genera la intención de reestructurar el sistema de salud, sin una línea directriz a través de consensos y acuerdos que comprometa a todos los actores en busca de un modelo que garantice el mejor nivel de salud para el pueblo argentino.