Una comitiva de excombatientes e integrantes de organizaciones de derechos humanos desarrolló este miércoles en la ciudad de Ushuaia una serie de actividades públicas para reclamar por el avance de la causa judicial, tramitada en Tierra del Fuego, donde se investigan presuntas torturas cometidas contra soldados por parte de exmilitares de su propia tropa durante la guerra de Malvinas de 1982.

El grupo encabezado por miembros del Centro ExCombatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) y por referentes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) de Buenos Aires, que intervienen en el caso como parte querellante, fueron recibidos por el gobernador Gustavo Melella, a la vez que protagonizó un acto llamado “Por la Memoria, Verdad, Justicia y Soberanía” en el emblemático Monumento a los Caídos durante el conflicto bélico, sobre la costa del Canal Beagle.

Por su parte, la comitiva participó también de la proyección de la película “El viaje”, un documental sobre la visita de integrantes de la Comisión por la Memoria -entre ellos el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la abuela de Plaza de Mayo Nora Cortiñas- en 2017 a las Islas Malvinas, en lo que constituyó la primera vez que los organismos de derechos humanos llegaron hasta el archipiélago luego de la guerra.

Esta actividad se llevó a cabo en la sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura de Ushuaia y en forma conjunta con el Sindicato de Trabajadores de la Educación Fueguina (Sutef).

Además, los excombatientes relanzaron en Tierra del Fuego la campaña “Yo también hablo”, presentada originalmente en 2021 y destinada a que soldados conscriptos torturados por sus superiores durante la guerra denuncien esos crímenes.

De hecho está previsto que el próximo miércoles las organizaciones se trasladen a la ciudad de Río Grande para intentar ser recibidos en una audiencia por la jueza Federal Mariel Borruto, a cargo de la investigación de las supuestas torturas.

La instancia judicial. La causa penal originada tras las primeras denuncias producidas en 2007 tiene 130 imputados (algunos de ellos ya indagados y procesados por Borruto) y un centenar de presuntas víctimas, aunque el expediente se encuentra paralizado desde hace 15 meses a la espera de que la Suprema Corte de Justicia resuelva un planteo acerca de si los delitos investigados constituyen o no crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto no prescriben.

La postura de los querellantes es que, a pesar de esa situación, la jueza debería atender los planteos fiscales y continuar investigando nuevas denuncias como las aparecidas en los últimos meses.

La comitiva de la Comisión por la Memoria está integrada por su prosecretario y presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre (APDH) Guillermo Torremare, la protesorera e integrante del directorio del Espacio para la Memoria (ex ESMA) Ana Soffiantini, el integrante de Memoria Abierta Gonzalo Conte, el excombatiente y miembro del Cecim Ernesto Alonso, el secretario ejecutivo Roberto Cipriano García y la directora general Sandra Raggio.

“La presencia de estos referentes es una muestra del acompañamiento de los distintos organismos de Derechos Humanos al reclamo de justicia de los excombatientes”, dijeron los organizadores de las actividades.

“A pesar de la falta de definición por parte de la Corte, nada impide que la jueza continúe con los llamados a indagatorias solicitados por la fiscalía y las querellas, o con la incorporación de nuevas denuncias. Máxime cuando, por la edad de los victimarios, estas dilaciones pueden garantizar la impunidad biológica”, agregaron los voceros de las entidades participantes.

Fuente: Télam