“En el año 2018 se sancionó la ordenanza sobre la obligatoriedad de la presentación y publicidad de las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios y su acceso público. Pero hasta la fecha el intendente Mariano Uset nunca dispuso su cumplimiento ni puso a disposición los formularios tal como lo dicta la ordenanza. Queremos transparencia, por lo que exigimos se ponga en marcha este mecanismo y proponemos modificaciones que faciliten el control ciudadano, y ese control también nos incluye a nosotros”, expusieron los concejales del bloque Bien Común, Lisandro Delle Donne y Hugo Schamber.

Los ediles del vecinalismo ya habían presentado un proyecto de ordenanza - sobre el que el resto de los concejales aún deben expedirse - para que en la página web del Municipio se publiquen anualmente y se mantengan a disposición las declaraciones juradas de los concejales, el intendente y los funcionarios políticos durante todo su período de gestión pública.

“Esto es lo que se hace en Bahía Blanca en donde también se pública quienes no cumplen con la entrega de las declaraciones juradas. En estos años nunca el Municipio mostró avance alguno para el cumplimiento de la norma. Es obligación del intendente Uset disponer los medios para que todos los cargos políticos del Municipio presenten su evolución patrimonial, pero nunca se avanzó desde su gestión en este sentido. La ordenanza vigente tampoco es clara con las sanciones para con los funcionarios que no cumplen con el deber de presentar sus declaraciones, habiendo sido intimados por el Municipios para hacerlo previamente”, indicaron.

Puntualmente Delle Donne señaló que “desde Bien Común queremos que el Municipio comience a exigir la presentación y publicación de las DDJJ, no hacerlo aleja a la gente de la política dado que tendríamos funcionarios que adrede no cumplen con algo tan sensible”.

Vale recordar que Bien Común es el partido político que dispuso la ordenanza municipal de acceso a la información pública.

“Constantemente nuestro partido brinda propuestas viables, que se aplican en otros municipios vecinos. En Rosales cuesta mucho acceder a la información pública, la actual gestión no pública el listado del personal ni brinda detalles sobre los terrenos fiscales pese a los reiterados pedidos. Estos puntos deben cambiar en beneficio de la calidad institucional”, remarcaron desde el vecinalismo.

También destacaron que a nivel nacional existe la Resolución 9/11 de la Oficina Anticorrupción que multa a todo aquel funcionario político que siendo intimado previamente por el organismo correspondiente no haya presentado su DDJJ.

“Queremos que esa medida se adopte localmente y se imponga una multa que recaiga sobre un porcentaje del sueldo del funcionario. Esa regulación nacional establece un veinte por ciento y la publicación de la identidad de la persona como incumplidor”, puntualizaron.