A partir de que la diputada nacional Karina Banfi (UCR) mediante un proyecto de resolución inició un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo Nacional referido al cierre definitivo de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, el bloque UCR del Concejo Deliberante de Coronel Rosales presentó un proyecto de comunicación solicitando “el pronto tratamiento y manifestando la adhesión” a la iniciativa de la legisladora nacional radical.

La propuesta radical tuvo aprobación por mayoría, sin el acompañamiento de La Libertad Avanza, durante la 9º Sesión Ordinaria.

“En el año 2017 se crea en Argentina, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) bajo decreto 698/2017, reemplazando al Consejo Nacional de las Mujeres, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social dependiendo del presupuesto de esa cartera. En 2019, fue suprimido mediante el Decreto 7/2019 que modifica la Ley de Ministerios N°22.520, texto ordenado por texto ordenado por decreto 438/92, creando el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, con el fin de construir una sociedad más igualitaria que promueva la autonomía integral de todas las personas, sin que existan jerarquías por orientación sexual, identidades o expresiones de género, dándole prioridad a estos objetivos en las acciones de gobierno. Trabaja por los derechos de las mujeres y diversidades, frente a toda forma de desigualdad y violencia, para construir una sociedad más justa con todos”, fundamentaron los representantes de la UCR Liliana Taboada y Néstor Martínez.

Expusieron, también, que “en Boletín Oficial del Decreto 86/2023, el día 27 de diciembre de 2023, el organismo en cuestión pasó a ser Subsecretaría bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. En el mes de mayo, por el decreto 450 y 451/2024, el Gobierno realizó una nueva transferencia, en este caso al Ministerio de Justicia. La realidad es que, como parte de la reestructuración ministerial que llevó a cabo el actual Gobierno, es que la Subsecretaría, ya se había visto reducida significativamente en los últimos tiempos, con la disminución de recursos y personal”.

“Por medio de un comunicado oficial del Ministerio a cargo del Dr. Cúneo Libarona, se dispuso el cierre definitivo de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, basado en los resultados de la auditoría interna que se habría llevado adelante donde su titular, Claudia Barcia, fiscal especializada en Violencia de Género de la Ciudad de Buenos Aires, presentó la renuncia en el contexto de un femicidio diario”, acotaron.

A su vez, consideraron que “no podemos ser ajenos a las recientes noticias del cierre y del grave impacto que tendrá esta decisión en la lucha contra la violencia de género en el país”.

“Algunas de las principales consecuencias son: - Desmantelamiento de políticas públicas: Es la responsable de la ejecución de políticas públicas que den respuesta a las violencias por motivos de género. Esto implica un retroceso significativo en los avances logrados en los últimos años en materia de prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres y diversidades. - Desprotección de víctimas: Brindar asistencia y acompañamiento a miles de víctimas de violencia de género en todo el país. Su cierre deja a estas personas en una situación de mayor vulnerabilidad y desprotección, sin acceso a los recursos y programas que el organismo ofrecía. - Incumplimiento de normativa nacional e internacional: Argentina cuenta con leyes y tratados internacionales que obligan al Estado a garantizar el derecho de las mujeres y diversidades a una vida libre de violencias. El incumplimiento de estas obligaciones legales, podría generar sanciones y observaciones por parte de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. “- Retroceso en la igualdad de género: La violencia de género es una de las manifestaciones más extremas de la desigualdad entre hombres y mujeres. Al desmantelar los mecanismos estatales de abordaje de esta problemática, se pone en riesgo el avance hacia una sociedad más justa e igualitaria en términos de género. - Impacto en la sociedad civil: Las organizaciones feministas, de mujeres y LGBTIQ+ han expresado su profunda preocupación y rechazo ante el cierre de la Subsecretaría. Temen que esta medida aliente a otros sectores a retroceder en materia de derechos y políticas de género, generando un clima de mayor hostilidad y discriminación”, describieron desde la bancada UCR.

Por otra parte, coincidieron con que “el Gobierno está obligado a tener un área específica, de acuerdo con la Ley 26.485 de `Protección Integral a las Mujeres´, sancionada por el Congreso en 2009. El artículo 8 de la citada ley, establece la creación de una autoridad competente para aplicar la ley y el impulso de políticas públicas y de las obligaciones internacionales”.

“La medida tomada es un grave retroceso de los derechos adquiridos. La subsecretaría tenía a su a cargo el cumplimiento de normativas vigentes como Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley 26.485), la Ley de Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgéneros "Diana Sacayán-Lohana Berkins", la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743) y la Ley Micaela (Ley 27.499), entre otras”, remarcaron.

La diputada nacional Karina Banfi mediante el Proyecto de Resolución 3004-D-2024, inició un pedido de informes (coautores: Barletta, Mario Coli, Marcela Giorgi, Melina Quetglas, Fabio Reyes, Roxana) dirigido al Poder Ejecutivo Nacional para que, en los términos del Art. 100 inc. 11 de la Constitución Nacional y, Art. 117 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, solicite al Ministro de Justicia de la Nación, Dr. Mariano Cúneo Libarona, “que brinde información sobre la decisión expresada en el comunicado oficial emitido por el Ministerio de Justicia el día 7 de junio de 2024 donde se anuncia el cierre definitivo de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género”.

“Resulta relevante saber el contenido de esta auditoría llevada adelante y cuál fue el resultado que lleva al cierre definitivo de un área sensible, fundamental para la sociedad y los tiempos en los que vivimos. Es imprescindible que ante cada anuncio que se hace desde el Gobierno, se detallen la información sobre la que se basan las decisiones, información que es de carácter público de acuerdo a ley 27.275, como sujeto obligado de la Ley de Acceso a la Información Pública. Es un derecho que tenemos los ciudadanos argentinos”, insistieron los ediles de la UCR.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de Coronel Rosales se dirige a la Cámara de Diputados de la Nación solicitando el pronto tratamiento y manifestando la adhesión al proyecto de Resolución 3004-D-2024 presentado por la Diputada radical Karina Banfi, que se dirige al Poder Ejecutivo Nacional para que, en los términos del art. 100 inc. 11 de la Constitución Nacional solicite al Ministro de Justicia de la Nación, Dr. Mariano Cúneo Libarona, que brinde información sobre la decisión expresada en el comunicado oficial emitido por el Ministerio de Justicia el día 7 de junio de 2024 donde se anuncia el cierre definitivo de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, remitiendo copia completa de la auditoría mencionada en el comunicado oficial que indica que, como resultado de la misma, se detectó una clara superposición de funciones en el área de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género con distintas agencias gubernamentales que realizan tareas similares, lo cual llevó a la eliminación definitiva del organismo especificando quien estuvo a cargo de la realización de esta auditoría, qué áreas de gobierno serán las encargadas de continuar con las funciones y políticas públicas que legamente estaban a cargo del anterior Ministerio de Mujeres, Genero y Diversidades y de la actual Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y si, además de la auditoría interna, se tuvieron en cuenta informes y/o auditorías realizadas por otros organismos del Estado y en caso afirmativo, que se remitan los mismos, especificando si las conclusiones coinciden con las de la auditoría interna realizada por el Ministerio de Justicia.

Artículo 2°: Visto y considerandos forman parte de la presente.

Artículo 3°: Envíese copia de la presente a los Honorables Concejos Deliberantes de la Sexta Sección.

Artículo 4º: De forma.