A partir de las gestiones realizadas por referentes locales del Frente Renovador, un grupo de 8 legisladores nacionales presentaron proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo  Nacional que informe sobre “los fundamentos y métodos de selección que se utilizaron para determinar la baja de los contratos de los trabajadores de la Base Naval Puerto Belgrano y disponga la continuidad de los mismos”.

La iniciativa legislativa fue rubricada por Marcela Passo (FR), Micaela Morán (FR), Martín Soria (FdT), Hugo Yasky (FdT), Carlos Castagneto (FdT), Eugenia Alianiello (FdT), Lorena Pokoik (FdT) y Blanca Inés Osuna (FdT).

En los fundamentos se mencionó que la Base Naval Puerto Belgrano (BNPB) “es una gran fuente de trabajo para los vecinos del Partido de Coronel Rosales, pero la realidad establece que año tras año la masa de personal civil del Puerto Belgrano se reduce continuamente y no se abren concursos para el ingreso a los puestos faltantes, y por lo tanto se realizan contratos de locación de servicios”.

“Los contratos de locación son necesarios por que cubren la falencia del Estado Nacional al no  llamar a los concursos correspondientes, a la vez permite la ocupación de los cargos faltantes y la continuación del funcionamiento de la Base Naval”, se indicó.

Los diputados describen que “los  trabajadores que se han quedado sin su empleo y fuente de  ingreso han sido informados sobre que la medida de cancelar y no renovar los contratos fue  una decisión arbitraria y sin fundamentos del Poder Ejecutivo de la Nación”.

“Se han cesanteado a trabajadores y trabajadoras con dos o más años de antigüedad, que no obstante haber sido capacitados profesionalmente para su función, se decidió prescindir de sus servicios” agregaron.

Aclararon que “si bien sabemos que los contratos de locación no entran en el marco de la ley 20.744, Ley de Contrato de Trabajo, también es de público conocimiento que es una herramienta que esconde una relación de dependencia, y por lo tanto los derechos de los trabajadores deben ser respetados y tenidos en cuenta”.

“Muchos de ellos fueron cesanteados sufriendo enfermedades que requieren de tratamientos prolongados o bien cursando un embarazo, y a su vez, los despidos se realizaron sin previo aviso, lo que no les permitió a los trabajadores buscar una alternativa laboral o poder realizar una planificación respecto de sus ingresos”, destacaron.

El proyecto de resolución expuso que según el último informe del INDEC del último trimestre  de 2023, “la tasa de desocupación ronda en 5,4% y una desocupación del 10,5%. Porcentajes que aumentaron en el primer trimestre el 2024 con la cantidad de despidos y licuación de los ingresos. Por lo tanto en la actualidad Argentina no es sencillo encontrar empleos dignos y por lo tanto hay cuestiones que hay que tener en cuenta y respetar a la hora de dejar a familias sin ingresos, hoy en día el trabajo es alimento”.

“La Cámara de  Diputados debe solidarizarse con las familias que han quedo sin ingresos y sin empleo, en un contexto económico y laboral muy difícil que está pasando nuestro país, y por lo tanto el Poder Ejecutivo debe informar cuales fueron las razones, fundamentos y métodos de selección para disponer los despidos realizados”, finalizaron.