El Gobierno de Santa Fe insistió este miércoles en su intención de actualizar los salarios de los trabajadores del Estado "en función del crecimiento de los recursos provinciales”, con lo cual la negociación con los docentes se anticipa compleja, ya que los gremios exigen la aplicación de la cláusula gatillo que ya fue homologada en la paritaria anterior.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, advirtió este miércoles que la "drástica caída" de los ingresos de la provincia respecto de la inflación condicionará la oferta salarial a los trabajadores y cargó contra los gremios porque “aceparon cargar las cuentas provinciales" con el pase a planta de personal que antes estaba contratado en la gestión anterior.

El funcionario remarcó que la provincia cerró el año con una inflación del 215,4%, en tanto hubo un 123% de incremento en los ingresos corrientes del Estado respecto de 2022, lo que implica una evolución negativa del 92%.

Mientras tanto, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) exigió "el cumplimiento del salario 2023 para discutir la base del salario 2024" y consideró que "el 84% de actualización salarial de diciembre (con base al salario de febrero de 2023) es un derecho paritario".

Ese cálculo se realizó en base a que con la inflación de diciembre (27,9%) se llegó a una anual del 215,4%, mientras que los salarios crecieron hasta ahora el 131%.

Con ello, el gremio de los docentes públicos estimó que para cerrar la paritaria 2023 la cláusula de actualización automática vigente da alrededor del 40% con los salarios de enero.

Olivares, al hablar del estado de las cuentas públicas, sostuvo que "no implica resignar el compromiso con el salario de los trabajadores, sino que se irá analizando su actualización en función del crecimiento de los recursos provinciales”.

El funcionario apuntó también contra la gestión del peronista Omar Perotti, que en su visión "acordó cargar las cuentas provinciales con un pase masivo de personal” con los acuerdos paritarios de efectivización de trabajadores que fueron refrendados por la Legislatura provincial.

En ese sentido, dijo que “se agrandó la planta del Estado en un 10%” y se establecieron “condiciones salariales que en los tres años y medio anteriores no se habían aceptado, disponiéndolas en el tramo final de gestión a sabiendas de que ya no iba a ser su responsabilidad”.

Olivares cuestionó en ese punto a las entidades gremiales porque “aceparon cargar las cuentas provinciales con ese ingreso masivo de personal y condiciones reales que sabían que iba a ser de imposible cumplimiento”.

Fuente: Télam