Fue aprobado por unanimidad un proyecto presentado por el bloque IVR que establece “con carácter de obligatorio” para los establecimientos educativos de todos los niveles del Partido de Coronel Rosales, “implementar los mecanismos necesarios para generar seguridad en los mismos, en lo referente a la instalación de gas e instalación eléctrica” y que “implica la posibilidad de readecuación y/o cambio de los equipos existentes, colocación de sensores, válvulas solenoides, etc.”

“Los acontecimientos en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, y que son de  público conocimiento, donde fallecieron un auxiliar de la educación y la vicedirectora de una escuela de esa ciudad, Rubén Rodríguez y Sandra Calamano, (…) más allá del dolor que significa las pérdidas humanas, nos deben servir para advertir y corregir errores o falencias técnicas en el futuro”, dijo el concejal vecinalista Sadi Octavio Gelos.

Mencionó que “esta situación significa un peligro latente y continuo en la comunidad educativa, de todos los edificios escolares de la provincia” y que “no hay un sistema de control técnico minucioso en los Establecimientos Educativos respecto del mantenimiento de las instalaciones y/o artefactos de luz y gas en forma periódica”.

Gelos consideró que “el control mencionado podría ser realizado  en el receso escolar de verano e invierno sin que ello afecte el servicio educativo” y que “en la actualidad existen recursos técnicos  que permiten minimizar  riesgos, como los mencionados”.

Respecto del sistema de gas, mencionó que “es factible colocar sensores y válvulas solenoides (electroválvulas) de corte del flujo del gas. Los sensores se deberían instalar en salas de calderas y cocinas principalmente, pudiéndose colocar también en aulas y mediante un cableado eléctrico envían una señal a la válvula solenoide procediendo al corte del suministro de gas”.

 “Con este tipo de instalación se podrían evitar incendios o explosiones por fugas de gas, prescindiendo de cualquier acción que debería tomar en forma personal, cualquier directivo o auxiliar del establecimiento”, agregó.

El concejal de la IVR sostuvo que “toda norma, fuente de derecho, genera un costo que debe reflejarse en su beneficio y más allá, que la instalación impuesta no es de un valor económico elevado, el beneficio es incalculable. Y aunque la prevención no es un gasto, en este caso con una ínfima inversión evitaríamos daños materiales, y principalmente personales de envergadura”.

En el articulado de la norma se estableció que “los gastos que demanden la implementación de la presente Ordenanza serán soportados con el Fondo de Financiamiento Educativo”.