25 de Septiembre de 2018

Opinión

No al DNU 698 que disolvió la Comisión Nacional Asesora para la Inclusión de las personas con Discapacidad (CONADIS) y la Comisión Nacional de Pensiones

16 de Marzo de 2018

Por Juan José Alonso, secretario general adjunto de la CTA Autónoma y coordinador del Departamento de Discapacidad de ATE Punta Alta

Juan Jose Alonso

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 698 el Ejecutivo Nacional disolvió la Comisión Nacional Asesora para la Inclusión de las personas con Discapacidad (CONADIS) y la Comisión Nacional de Pensiones.

La CONADIS estaba constituido por representantes de las Instituciones vinculadas con la diversa multiplicidad de discapacidades.

Estos representantes eran miembros de las mencionadas organizaciones y elegidos por sus pares de manera democrática. Esta elección garantizaba que la gran diversidad de problemáticas de la discapacidad se encuentren presentes en el organismo.

El principal objetivo de la Comisión era debatir y consensuar, desde las propias personas con discapacidad (PCD), las políticas públicas más necesarias y definir la prioridad de su aplicación. Por lo tanto debemos decir que la mencionada Comisión permitía una participación directa y plenamente democrática de las personas con discapacidad, en las políticas públicas a desarrollar para su colectivo, siendo su participación obligatoria en los criterios mencionados, de acuerdo con los principios y garantías consagrados en la Ley Nacional 26.378, Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fuera ascendida al rango Constitucional por la Ley 27.044.

Comisión Nacional de Pensiones: este organismo tenía como prioridad iniciar y llevar adelante los trámites de pensiones no contributivas por incapacidad laboral, de acuerdo con los requisitos sociales, sicológicos y médicos recomendados por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad .

Es menester puntualizar que según estos criterios el concepto o paradigma de la discapacidad ha evolucionado hacia un fenómeno biosicosocial, lo que permite asegurar que la discapacidad no se sintetiza en un diagnóstico médico sobre una patología discapacitante, sino que esta nueva mirada incluye otros componentes, sicológicos y sociales, que también deben ser tenidos en cuenta a la hora de la evaluación.

Reconociendo por ende a las pensiones como un derecho de las PCD imprescindible para su desarrollo individual y para garantizar una plena inclusión sociocultural.

Este organismo contaba con equipos de trabajadores con la idoneidad y sensibilidad emergidas de la capacitación profesional y años de experiencia, adquirida en la labor de campo, condiciones imprescindibles para desarrollar esta función. Poco se sabe de la continuidad laboral de estos compañeros y compañeras, ya que estos trámites serán derivados a la órbita de la  ANSES.

Es imprescindible mencionar que según datos oficiales las PCD representamos alrededor del 12% de la población total de nuestro país, más de 5 millones de personas, de las cuales alrededor del 50% estamos radicados en la provincia de Buenos Aires.

Según estos informes el 88% de las PCD no han finalizado los estudios secundarios, requisito indispensable para el ingreso laboral en la Administración Pública. En consecuencia más del 90% de los compañeros y compañeras con discapacidad en edad laboral, tienen cercenado su derecho a la inclusión en el mundo del trabajo.

Estos datos indignan más aún, cuando desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri fueron congeladas las vacantes a las diferentes reparticiones del Estado nacional, constituyendo una barrera insalvable para las PCD, al momento de concretar la inclusión laboral, que según la legislación vigente obliga al Estado en todos sus estamentos, a incorporar al menos un cupo del 4% de PCD, en sus plantas de personal (Leyes Nacional 22431 y Provincial 10592, respectivamente).

Estos cupos no son cumplidos en el ámbito Nacional, por reciprocidad tampoco en los ámbitos provinciales y mucho menos en nuestro Distrito, que además niega los datos requeridos en esta materia.

Es por ello que decimos que este DNU es como otras medidas tomadas por la administración central: arbitraria, inconsulta, y constituye un retroceso histórico para uno de los sectores más desprotegidos, cuyos derechos se ven atacados sistemáticamente por los gobiernos de turno.

Debemos decir que para el sistema capitalista que impone su furia explotadora en estas tierras, las PCD constituimos un contrapeso que genera menos  de lo que ofrece en la cadena de producción.

Siendo para el modelo capitalista imperante en nuestro país, la clase trabajadora en su conjunto una mercancía cuyo valor es directamente proporcional a lo que su fuerza laboral ofrece.

Por todo lo expuesto, denunciamos que nunca existió necesidad ni urgencia, de imponer una política tan sensible sin la activa participación del Congreso Nacional, y principalmente de las PCD, actores fundamentales en este debate.

Es por eso que exijimos a la Comisión Bicameral de tratamiento de Decretos de Necesidad y Urgencia, el rechazo y la derogación total del DNU 698-17, y el compromiso de sentar las bases para la construcción de un debate plural y democrático que posibilite generar las políticas públicas necesarias e imprescindibles para revertir la histórica situación de pobreza, exclusión y marginalidad que atraviesa la gran mayoría de las Personas con Discapacidad en nuestro país. Por nosotros, pero con nosotros.

 

Por Juan José Alonso, secretario general adjunto de la CTA Autónoma y coordinador del Departamento de Discapacidad de ATE Punta Alta.

 

 

 

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