Durante el primer trimestre del año pasado, y parte del segundo, el reclamo por una paritaria nacional mantuvo a los docentes en pie de alerta y movilización, con paros y polémicas de alto voltaje.

La temporada 2018 no asoma como menos conflictiva, sobre todo a partir del decreto que acaba de emitir el Ejecutivo nacional, excluyendo de su órbita la cuestión salarial, igualando la representación de los gremios docentes en la mesa de negociaciones -sin importar su cantidad de afiliados- y estableciendo un piso paritario de referencia del veinte por ciento por encima del salario mínimo.

La novedad generó indignación entre los principales referentes sindicales docentes del país y también entre los bonaerenses, que venían acumulando temperatura por otras cosas: planteos por deficiente infraestructura edilicia; un nuevo sistema online de gestión de licencias por enfermedad; un instructivo que explica a los maestros como desvincularse o cambiar de gremio; y la decisión oficial de no renovar contrato a educadores sin título.

En este marco, los sindicalistas comparan el decreto 52/2018, que suscribieron el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros Jorge Triaca (Trabajo) y Alejandro Finocchiaro (Educación), con un baldazo de nafta en el fuego. Creen que la norma, publicada en la edición de ayer del Boletín Oficial, echa sal en las heridas de un conflicto que está lejos de cicatrizar.

El texto introduce modificaciones a su predecesor de 2007, firmado por Néstor Kirchner, que fijó pautas madres para la negociación a nivel nacional entre los gremios docentes y el gobierno, al reglamentar el artículo 10 de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo.

Ahora, el Ejecutivo dispuso que la discusión entre el Gobierno y los gremios docentes en el plano nacional se circunscriba, a partir de este año, a cuestiones no salariales (condiciones laborales, calendario educativo y carrera docente, entre otros aspectos). Y en lo atinente a la discusión paritaria, fijó un umbral del 20 por ciento por encima del salario, mínimo, vital y móvil -automáticamente ajustable cada temporada- para que sea referencia en las negociaciones entre las provincias y los nucleamientos sindicales en cada distrito.

Además, en una movida que es interpretada por muchos observadores como un intento por restarle influencia a CTERA, el gremio con mayor cantidad de afiliados, la norma iguala la representación de los sindicatos docentes en el espacio de debate nacional. En lugar de contar con una cantidad de delegados -con voz y voto- proporcional a su base de adherentes, cada organización tendrá uno solo. Hasta ahora, CTERA tenía cinco mientras UDA, SADOP, AMET y CEA uno cada una.

“Estamos ante una barbaridad inconstitucional, que será denunciada ante la Justicia y las Organización Nacional del Trabajo” advierte María Laura Torre, secretaria adjunta del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA): “hace recrudecer un conflicto abierto desde hace tiempo, en la línea del clima que procuraron crear el año pasado en contra de los docentes”.

“El lunes pasado, desde el Frente de Unidad emitimos un documento que pide a la Provincia una inmediata convocatoria a paritarias, rechaza los topes del quince por ciento que circulan extraoficialmente en boca de algunos funcionarios, y condena el instructivo de promoción de las desafiliaciones que se incluyó en los recibos de sueldo”, recordó Torre.

La dirigente admite que en este escenario, el panorama de cara al inicio de clases en el territorio bonaerense no es el mejor. “En noviembre tuvimos el último contacto con el gobierno, que permanece en silencio de radio a pesar de haber afirmado que en diciembre continuaríamos las conversaciones”, aclara.

En el Frente de Unidad Gremial sentencian que su paritaria es “sin techo” e inexorablemente con “cláusula gatillo”. Desde SUTEBA, Torre considera que “el piso de 20 por ciento por encima del salario mínimo como referencia para todo el país es insuficiente, y agrava las inequidades y el desbarajuste de ingresos de los maestros en las provincias cuando habría que pensar con criterio federal”.

La cuestión de la representación no es por el momento un tema que preocupe a SUTEBA, ya que “en la Provincia, la ley de paritarias de 2006 establece un método proporcional de participación de acuerdo con el padrón de afiliados, que cada año renovamos”).

Roberto Baradel, titular del gremio, disparó que “no se decreta el fin de la lucha de los trabajadores de la educación en defensa de la educación pública y por una sociedad justa e igualitaria”, y añadió que “si el gobierno cree que nos va a amedrentar con estas medidas arbitrarias y persecutorias, lo único que va a lograr es fortalecer el espíritu de lucha de todos los docentes argentinos”.

Denuncias sin fronteras. Sonia Alesso -secretaria general de CTERA- y Hugo Yasky (secretario de la Internacional de la Educación en América Latina (IEAL), anticiparon que denunciarán ante la Organización Internacional del Trabajo y la Internacional de la Educación “este nuevo ataque del Gobierno a los derechos de los trabajadores y trabajadoras”.

En opinión de los principales dirigentes, con el decreto cuestionado “se pretenden limitar las discusiones salariales a cada jurisdicción, sin tener la posibilidad de que se discuta a nivel nacional el piso mínimo, ni las condiciones generales para un proceso de recomposición salarial del sector. Se pretende generar un sistema con más desigualdad entre las provincias y con derechos diferenciales al interior del conjunto de los trabajadores”.

Mientras en la Provincia todavía no hay novedades sobre una convocatoria a discutir salarios, en el Frente de Unidad Gremial no descartan que los próximos días traigan novedades vinculadas con medidas de fuerza y movilizaciones.

Fuente: El Día